Los funcionarios del Departamento de Justicia bajo el gobierno de Trump están supervisando una purga masiva de la división de derechos civiles del departamento, con el objetivo de reorientar la agencia de su mandato oficial —oponerse a la discriminación en educación, votación y vivienda, así como limitar el abuso policial— hacia el fomento de la represión policial, el ataque contra los opositores políticos de Trump, el incremento de agresiones contra las protestas universitarias y la intensificación del impulso para imponer el control gubernamental sobre las universidades bajo el pretexto de combatir el antisemitismo.
La división de derechos civiles se creó bajo el gobierno del presidente Eisenhower en 1957, en las primeras etapas del movimiento por los derechos civiles y tras la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de ese año.
Bajo la dirección de Pam Bondi, procuradora general fiel a Trump, y Harmeet K. Dhillon, recientemente confirmada como directora de la división de derechos civiles —ambas destacadas impulsoras de la conspiración “Detengan el robo” para anular las elecciones de 2020— la división está siendo transformada de acuerdo con el plan establecido en el proyecto pro-Trump Project 2025 para implementar una agenda de estado policial y aplastar a la “izquierda radical”.
Dhillon fue entrevistada el sábado pasado en el pódcast del comentarista de derecha Glenn Beck. Allí se jactó: “Ahora, más de 100 abogados han decidido que prefieren no hacer lo que su trabajo les exige, y creo que eso está bien”. Y continuó: “No queremos gente en el gobierno federal que crea que su proyecto personal es ir a perseguir” departamentos de policía.
Cuando Trump asumió la presidencia en enero, había 380 abogados en la división de derechos civiles. Bajo la dirección de Bondi y ahora Dhillon, la división cambió los enunciados de misión en todas sus secciones para enfocarse menos en la discriminación racial y más en campañas contra las iniciativas de diversidad. Funcionarios del departamento reasignaron a más de una docena de trabajadores de carrera, incluidos jefes de secciones clave encargadas de los casos de brutalidad policial, discapacidad y derechos electorales, a áreas fuera de su área de especialización legal.
A la sección de derechos electorales se le ordenó abandonar todos los casos pendientes, y varios gerentes de alto nivel fueron despedidos.
La semana pasada, Dhillon anunció que la división estaba retirando presentaciones judiciales en dos casos relacionados con personas transgénero encarceladas. Semanas antes, Bondi declaró que el Departamento de Justicia retiraría una demanda presentada durante la presidencia de Biden, la cual sostenía que una ley de Georgia de 2021 que reformaba los procedimientos electorales era discriminatoria.
Según el New York Times, dentro de la división hay conversaciones sobre desechar decretos de consentimiento largamente establecidos con departamentos de policía, y, en su lugar, presentar demandas contra ciudades liberales para obligarlas a flexibilizar sus restricciones sobre armas de fuego.
Abogados de la división han sido enviados al Departamento de Salud y Servicios Humanos con la orden de investigar el antisemitismo relacionado con las protestas estudiantiles contra el genocidio y limpieza étnica en la Franja de Gaza llevados a cabo por Israel con el respaldo del imperialismo estadounidense. Dichas investigaciones se centran en escuelas de medicina, debido a que el gobierno puede retener enormes sumas de dinero en subvenciones que estas reciben.
Otro grupo de abogados de derechos civiles ha sido asignado a trabajar en casos centrados en el objetivo de Trump de impedir que estudiantes transgénero participen en deportes femeninos.
La sección de inmigración y derechos laborales ahora está centrada principalmente en garantizar que los trabajadores extranjeros no sean favorecidos por encima de los ciudadanos estadounidenses en las oportunidades de empleo.
En uno de sus primeros actos, Dhillon modificó los enunciados de misión de muchas oficinas de la división para alinearlas con las órdenes ejecutivas de Trump, como “Terminar con la adoctrinación radical en las escuelas K-12”, “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos” y “Erradicar el sesgo antirreligioso contra los cristianos”.
En su entrevista del sábado pasado, le dijo a Beck: “Estas son las prioridades del presidente. En esto es en lo que vamos a enfocarnos. Actúen en consecuencia”.
La ola de renuncias se ha acelerado en los últimos días, ya que la administración ha reiniciado su “programa de renuncia diferida”, el cual permite a los empleados que renuncien seguir recibiendo salario hasta septiembre. La oferta, para quienes trabajan en la división de derechos civiles, expira el lunes por la noche. Se espera que más de 100 acepten la oferta, además de las renuncias previas, lo que equivale a una desintegración de la división.
Se espera que queden 140 o menos abogados en la división, y que las bajas entre el personal de apoyo sean de una magnitud similar. “Ha sido una purga total”, dijo un abogado veterano de la división a NBC News.
Vanita Gupta, quien dirigió la división durante la administración Obama y se desempeñó como funcionaria de alto rango en el Departamento de Justicia durante el gobierno de Biden, declaró:
Esto no es simplemente un cambio en las prioridades de aplicación de la ley: la división ha sido puesta patas arriba y ahora se está utilizando como un arma contra las mismas comunidades que fue creada para proteger.
David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación y la Investigación Electoral, dijo: “La capacidad del Departamento de Justicia para hacer cumplir las leyes que protegen al pueblo estadounidense de la discriminación, el fraude y la actividad ilegal está siendo destruida”.
Stacey Young, alguna vez trabajó en la división como abogada y ahora es directora ejecutiva de Justice Connection, una organización de ex funcionarios del departamento. Ella afirmó:
Con el desmantelamiento imprudente de la división, veremos una discriminación descontrolada y violaciones constitucionales en escuelas, vivienda, empleo, votación, prisiones, por parte de departamentos de policía y en muchos otros ámbitos de nuestras vidas diarias.
La destrucción y purga de la división de derechos civiles acorde con la agenda fascistizante de Trump no ha provocado prácticamente ninguna respuesta del Partido Demócrata. Los demócratas del Comité Judicial del Senado enviaron una carta meramente simbólica a Dhillon, Bondi y al inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, expresando su “preocupación” por la “politización” de la división de derechos civiles y solicitando a Dhillon que programe una sesión informativa para el Subcomité sobre la Constitución del Comité Judicial.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de abril de 2025)