El arresto por parte del FBI de la jueza de la Corte de Circuito del Condado de Milwaukee, Hannah Dugan, es un acto descarado y escalofriante de represión por parte del Gobierno de Trump. Es uno de los pasos más graves del impulso sistemático de la Casa Blanca para erigir una dictadura política.

Las acciones de los agentes federales el viernes fueron claramente dirigidas desde la Casa Blanca. A los pocos minutos del arresto, el director del FBI, Kash Patel, elegido por Trump para encabezar el enjuiciamiento de sus oponentes políticos, tuiteó que la jueza Dugan era culpable de “intencionalmente dar indicaciones falsas a agentes federales en su juzgado para que no pudieran arrestar a un individuo, Eduardo Flores-Ruiz, permitiendo que el sujeto, un extranjero ilegal, evadiera el arresto”. Más tarde publicó una foto de Dugan esposada, en aparente violación de las propias reglas del FBI.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos describió los cargos contra Dugan como “obstrucción de los procedimientos de un departamento o agencia de los Estados Unidos” y “ocultar a una persona para evitar su arresto”, que combinados conllevan una posible sentencia de seis años.

Hace poco más de tres meses, en una de sus primeras acciones oficiales como presidente, Trump indultó a más de 1.500 matones fascistas y partidarios políticos que participaron en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de los Estados Unidos en un intento de anular su derrota en las elecciones de 2020. Muchos de los cabecillas de este ataque fueron condenados por cargos de “obstrucción de un procedimiento federal” porque conspiraron para evitar que el Congreso llevara a cabo el conteo ceremonial de los votos del Colegio Electoral, certificando la derrota de Trump ante el demócrata Joe Biden.

Mientras que los matones fascistas que sirvieron como soldados rasos de Trump en el intento de anular las elecciones fueron indultados, Dugan fue exhibida como delincuente ante las cámaras de televisión y posiblemente sea sometida a una pena de prisión.

En el colmo de la hipocresía, la fiscala general Pam Bondi declaró en Fox News, por supuesto:

Creo que algunos de estos jueces piensan que están más allá y por encima de la ley. No es cierto, y hoy estamos enviando un mensaje muy fuerte... si está albergando a un fugitivo... vendremos tras usted y lo procesaremos. Te pescaremos.

La afirmación de Bondi de que “nadie está por encima de la ley” tiene una excepción evidente: el hombre que la nombró. Trump ha elogiado repetidamente la decisión del verano pasado de la Corte Suprema de que el presidente no puede ser procesado por ningún acto oficial, sin importar cuán criminal sea. En su fallo en el caso Trump v. Estados Unido s, la mayoría derechista de jueces, incluidos los propios designados de Trump, declaró que el presidente estaba efectivamente por encima de la ley, incluyendo las acciones que el presidente derrotado tomó para preparar e incitar el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021.

Casi no hay precedente en la historia de Estados Unidos para el arresto de un juez por oponerse a la política de la Casa Blanca. El único precedente cercano fue en 2018, durante el primer mandato de Trump, cuando el Departamento de Justicia presentó cargos contra una jueza del Tribunal de Distrito de Massachusetts, Shelley Joseph, en circunstancias similares. A diferencia de Dugan, la jueza Joseph nunca fue arrestada ni puesta bajo custodia.

El arresto de Dugan tiene lugar en medio de un asalto coordinado al poder judicial y una campaña histérica contra cualquier juez que falle en contra de la Casa Blanca. La campaña se ha intensificado desde el desafío abierto el mes pasado de una orden judicial que exige a Trump no deportar a los inmigrantes en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Vale la pena recordar que la Declaración de Independencia condenó al rey Jorge III por hacer que los jueces “dependieran solo de su voluntad”. La Constitución de los Estados Unidos consagró protecciones para proteger al poder judicial de la coerción ejecutiva. Trump y su camarilla fascista están destruyendo estos cimientos, sobre la base de la doctrina de que la ley es lo que el gobernante dice que es.

La detención de la jueza Dugan estuvo acompañada de una serie de acciones cada vez más provocativas contra los inmigrantes.

En las primeras redadas masivas anunciadas en Florida, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que trabajan con la policía estatal, arrestaron a 780 inmigrantes la semana pasada, según datos de ICE reportados por varios medios corporativos. Un funcionario dijo que más de 275 migrantes tenían órdenes finales de expulsión, lo que significa que unos 500 de los detenidos fueron recogidos porque estaban cerca de los objetivos.

También en Florida, los agentes de ICE arrestaron a la esposa de un guardia costero en servicio activo el jueves cuando la pareja se mudaba a sus cuartos en la Estación Aérea Naval en Key West, Florida, donde el barco de la Guardia Costera Mohawk llegó para ir a la estación el mes pasado. La Guardia Costera dijo que la mujer “fue detenida por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de conformidad con una orden de expulsión legal”. Su visa de trabajo expiró en 2017, afirmaron las autoridades, y fue marcada para su expulsión. La pareja se casó a principios de este año.

El viernes en la madrugada, tres niños ciudadanos estadounidenses, de 2, 4 y 7 años, de dos familias diferentes fueron deportados de Luisiana, con sus madres, a Honduras. El niño de 4 años tiene cáncer de grado 4 y fue deportado sin medicación ni los medios para que la madre se pusiera en contacto con su médico. Ambas familias fueron detenidas en los controles de inmigración de rutina, que se supone que permiten a los migrantes permanecer en sus comunidades durante los procedimientos legales.

El juez de distrito Terry Doughty, designado por Trump durante su primer mandato, emitió una orden después de la deportación de la niña de 2 años, señalando que el padre, que permanece en los Estados Unidos, no había deseado que su hija abandonara el país. Escribió que es “ilegal e inconstitucional” deportar a ciudadanos estadounidenses. “El Gobierno sostiene que todo esto está bien porque la madre desea que la niña sea deportada con ella”, agregó. “Pero la corte no lo sabe”.

El juez fijó una audiencia judicial el 16 de mayo para investigar su “fuerte sospecha de que el Gobierno acaba de deportar a un ciudadano estadounidense sin un proceso significativo”. A ninguna de las dos madres se le permitió hablar con un abogado antes de que presuntamente pidieran que sus hijos fueran deportados junto con ellas.

Uno de los abogados dijo a la prensa:

No tenemos absolutamente ninguna idea de si alguna vez dieron su consentimiento para que sus hijos vinieran con ellas o si lo hicieron bajo algún tipo de coacción y qué otras opciones se les presentaron.

Tales son las condiciones de pesadilla del Estado policial que la Administración de Trump está erigiendo sin una oposición significativa dentro del Partido Demócrata ni de la élite gobernante corporativa en su conjunto. En los programas televisivos de entrevistas el domingo, hubo poca discusión sobre el arresto de la jueza Dugan, ya sea por parte de los presentadores de los medios y de los políticos republicanos y demócratas que entrevistaron. El senador Bernie Sanders, quien apareció en Meet the Press de NBC, ni siquiera planteó el tema.

El líder demócrata del Senado, Charles Schumer, calificó el arresto de la jueza como “un ataque a la separación de poderes, y lucharemos contra esto con todo lo que tenemos”. Pero es Schumer quien dio la demostración más abyecta de cobardía e impotencia de los demócratas, reuniendo los votos de su partido, incluido el suyo, para que fuera aprobada la resolución presupuestaria de Trump el mes pasado.

Hace solo unas semanas, el WSWS advirtió que los métodos de arresto arbitrario, detención y deportación que se aplican a los inmigrantes, como Mahmoud Khalil y Kilmar Abrego García, pronto podrían aplicarse a los ciudadanos estadounidenses que protestan contra la política del Gobierno, e incluso a los congresistas y senadores que afirmaron estar conmocionados e indignados por el pisoteo de la Constitución por parte de la Casa Blanca. Ahora una jueza ha sido arrestada y amenazada con años de prisión.

Las contradicciones sociales y de clase que se acumulan dentro de la sociedad capitalista están provocando las formas democráticas de gobierno hagan cortocircuito. La élite gobernante capitalista está girando hacia la guerra y la represión masiva como el único medio para preservar su vasta riqueza y su dominio absoluto sobre la sociedad. La clase trabajadora no puede confiar en los tribunales capitalistas ni en el Partido Demócrata para defender sus intereses sociales y derechos democráticos. Tampoco puede depender de los sindicatos, la policía laboral comprada por la patronal y adjunta al Partido Demócrata.

El Partido Socialista por la Igualdad está encabezando la lucha por construir un movimiento obrero de masas para defender los derechos democráticos y oponerse al impulso hacia el fascismo y la dictadura. Instamos a todos aquellos que deseen formar parte de esta lucha a asistir a nuestro Acto del Primero de Mayo el 3 de mayo, a unirse a nuestro partido y asumir la lucha por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de abril de 2025)