Ricardo Prada Vásquez, un inmigrante venezolano de 32 años que residía legalmente en los Estados Unidos, presuntamente ha sido desaparecido en el notorio Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador después de girar por error hacia el puente Ambassador en Detroit, Michigan.

El puente, uno de los cruces internacionales más transitados de América del Norte, une Detroit con Windsor, Ontario. Debido a la complejidad de las carreteras cercanas, incluso los residentes locales ocasionalmente toman la rampa equivocada. Para Prada, este error inocente condujo a su arresto, encarcelamiento y deportación, culminando en su desaparición en una prisión extranjera.

El martes por la mañana, el New York Times informó sobre la deportación de Prada y señaló que se desconocía su ubicación actual. Durante más de 10 horas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se negó a revelar su paradero. No fue hasta casi las 4:00 p.m. que la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, emitió una declaración en X (Twitter), declarando que Prada había sido “trasladado a El Salvador” el 15 de marzo.

McLaughlin afirmó, sin pruebas, que Prada era un “miembro de la pandilla TDA [Tren de Aragua]” y una “amenaza para la seguridad pública”. Afirmó que un juez de inmigración había ordenado su expulsión el 27 de febrero.

El estatus migratorio de Prada había sido claramente establecido. Como informó el Times, en noviembre de 2024 Prada ingresó legalmente a los Estados Unidos después de programar una cita utilizando la aplicación CBP One. Bajo la Administración de Trump, la aplicación fue rebautizada “CBP Home” y se transformó de una plataforma de asilo en una herramienta para la “autodeportación” coaccionada.

Después de llegar a EE.UU., Prada se estableció en Detroit y trabajó como repartidor. El 15 de enero, mientras recogía un pedido de McDonald's, accidentalmente hizo un giro que lo obligó a cruzar el puente Ambassador hacia Canadá. En lugar de permitirle dar la vuelta, las autoridades de inmigración lo arrestaron por supuestamente intentar “reingresar” a los Estados Unidos, a pesar de su estatus legal.

Mientras estaba encarcelado en un centro de detención de Texas, Prada llamó a un amigo en Chicago, Javier, el 15 de marzo. En esa llamada, su último contacto conocido, Prada dijo que creía que lo enviarían de regreso a Venezuela. Esa misma noche, el Gobierno de Trump inició vuelos secretos para deportar a inmigrantes, la mayoría sin antecedentes penales, a la prisión CECOT de El Salvador.

Estas deportaciones ocurrieron en violación directa de una orden del juez James E. Boasberg del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para  D.C., quien ordenó que los vuelos se detuvieran o devolvieran si ya estaban en el aire.

No se ha sabido nada de él desde entonces. Su nombre no aparece en la lista parcial compilada por abogados y grupos de derechos civiles que documenta a los 288 hombres de Venezuela y El Salvador que fueron transferidos ilegalmente a CECOT en marzo. Decir que estos hombres han desaparecido no es una exageración: el Gobierno de los Estados Unidos se ha negado a proporcionar una lista completa, ni mucho menos explicaciones, de todos los detenidos en la prisión.

Algunas investigaciones independientes confirman que la gran mayoría de los encarcelados en CECOT no han sido acusados de ningún delito. Entre los detenidos se encuentran Andry Hernández Romero, maquillador gay; Arturo Suárez Trejo, músico; Jerce Reyes Barrios, futbolista profesional y entrenador; y Kilmar Abrego García, residente de Maryland desde hace mucho tiempo, casado con una ciudadana estadounidense y padre de tres hijos ciudadanos estadounidenses.

En una audiencia judicial el 4 de abril, el veterano abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, admitió que Abrego García había sido deportado injustamente debido a un “error administrativo”. Por esta admisión, Reuveni fue puesto en licencia y luego despedido el 15 de abril por supuestamente no “defender celosamente” la posición del Gobierno de que éste tiene una autoridad irrestricta para deportar a cualquier persona, incluso a ciudadanos estadounidenses, sin el debido proceso o revisión judicial.

La afirmación de Trump del poder de desaparecer individuos bajo la etiqueta de “terroristas” es una grave amenaza para la democracia. Este Gobierno está pisoteando la Constitución y los derechos democráticos prácticamente sin oposición de los demócratas o las instituciones oficiales.

Si bien hubo protestas masivas en todo el país el 5 y el 19 de abril en oposición a las políticas autoritarias de Trump, incluidos sus ataques contra inmigrantes y estudiantes internacionales, los funcionarios demócratas han minimizado o se han hecho eco de sus justificaciones. En una conferencia de prensa el 18 de abril, el gobernador de California, Gavin Newsom, un probable contendiente presidencial para 2028, desestimó el caso de Abrego García como la “distracción del día”. Incluso se hizo eco de la retórica de Trump, diciendo que los demócratas se estaban volviendo vulnerables a la pregunta: “¿Están defendiendo a la MS-13?”, refiriéndose a la Mara Salvatrucha.

De manera similar, Axios informó que un demócrata de la Cámara de Representantes cuestionó si las deportaciones “deberían ser un tema importante para los demócratas”, y otro desestimó la indignación pública como simplemente la “sopa del día”, alegando que Trump estaba “tendiendo una trampa”.

El Partido Demócrata, lejos de resistir, está ayudando a implementar la agenda fascista de Trump: canalizar la riqueza a la élite financiera mientras se prepara para la guerra global. Los trabajadores no pueden depender de los tribunales, que Trump ya está desafiando. Si un giro equivocado puede llevar a un hombre inocente a una mazmorra extranjera, ¿qué protege a cualquier trabajador, independientemente de su ciudadanía, que se atreva a resistir las políticas fascistas del régimen de Trump?

Las desapariciones forzadas sin el debido proceso no son medidas que se toman en una democracia. Se hacen eco de los capítulos más oscuros de la política exterior imperialista de los Estados Unidos, como el apoyo al reinado de terror en América del Sur conocido como Operación Cóndor, el régimen de Pinochet en Chile, la “Guerra Sucia” de Argentina y la dictadura militar de Brasil.

Los trabajadores deben actuar de forma independiente para poner fin a este régimen que hace caso omiso a las leyes. Esperar a las “próximas elecciones” es una locura. Trump está buscando abiertamente un tercer mandato inconstitucional mientras promete deportar a ciudadanos estadounidenses.

Los trabajadores tampoco pueden confiar en los sindicatos nacionalistas. Shawn Fain, del sindicato United Auto Workers, y Sean O’Brien, del sindicato Teamsters, se están alineando con el nacionalismo de la guerra comercial de Trump. A medida que aumentan los preparativos para la Tercera Guerra Mundial, se ofrecen como “policía laboral” al servicio del aspirante a dictador mientras respaldan sus ataques contra los inmigrantes.

Para defender los derechos democráticos, los trabajadores deben formar comités de base independientes en cada lugar de trabajo: fábricas, escuelas, hospitales. La lucha contra el fascismo es una lucha de clases. Las herramientas utilizadas hoy contra los inmigrantes se utilizarán contra todos los que se resistan.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de abril de 2025)