La administración Trump anunció el lunes que millones de prestatarios morosos de préstamos estudiantiles enfrentan un cobro de deudas agresivo, incluyendo procesos de embargo salarial, en cuestión de días. Al anunciar este abrupto cambio de política, la secretaria de Educación, Linda McMahon, declaró: “Los contribuyentes estadounidenses ya no serán obligados a servir como avales de políticas irresponsables de préstamos estudiantiles”.

En una columna en el Wall Street Journal, McMahon agregó: “El 5 de mayo comenzaremos el proceso de mover a aproximadamente 1,8 millones de prestatarios a planes de pago y reiniciar el cobro de préstamos en incumplimiento. Los prestatarios que no realicen sus pagos a tiempo verán disminuidos sus puntajes de crédito y, en algunos casos, sufrirán embargos automáticos sobre sus salarios”.

El número real de prestatarios afectados por estas medidas draconianas no es de 1,8 millones, sino de aproximadamente 10 millones. Actualmente, unos 5,3 millones de prestatarios están en incumplimiento de sus préstamos estudiantiles federales, y otros 4 millones están en una etapa avanzada de morosidad, es decir, tienen entre 91 y 180 días de retraso en sus pagos. Combinados, representan casi uno de cada cuatro de los 42 millones de deudores estudiantiles del país.

No se había remitido ningún préstamo estudiantil a agencias de cobro desde la pausa decretada por Trump en marzo de 2020 debido a la pandemia y extendida por Joe Biden hasta 2023.

Bajo el Programa de Compensación del Tesoro, el servicio de cobro de deudas del gobierno puede embargar reembolsos de impuestos, retener los salarios de empleados federales y embargar otros beneficios, incluyendo el Seguro Social. La ley federal exige una notificación de 30 días antes de iniciar embargos salariales, lo que implica que los deudores podrían ver estas deducciones ya para el verano.

McMahon (con un patrimonio neto de 3.200 millones de dólares) reprendió a los millones de estadounidenses que buscaron obtener un título universitario y un buen empleo, declarando: “Los préstamos estudiantiles siempre deben pagarse… Pedir dinero prestado y no devolverlo no es un delito sin víctimas”.

Pero las verdaderas víctimas de este atropello son los estudiantes agobiados por una deuda explosiva en condiciones de bajos salarios y un costo de vida en alza. Existe un estándar muy diferente para los bancos y los fondos especulativos, a los cuales se les otorgaron rescates multimillonarios durante las crisis de 2008 y 2020.

Estas mismas entidades han acumulado ganancias durante décadas recargando los préstamos estudiantiles privados con tarifas astronómicas de “originación”, “servicio”, “retraso”, intereses y “capitalización de intereses”. Tanto los préstamos privados como los federales se han convertido en un lucrativo mercado de financiarización a través de los valores respaldados por préstamos estudiantiles (student loan asset-backed securities, SLABs).

Las medidas de “austeridad” de la administración Trump están dirigidas a generar ingresos para extender las reducciones de impuestos a los ultrarricos de 2017, que se proyecta costarán 4 billones de dólares, además de billones más para gastos militares. El Departamento de Educación (ED) está exprimiendo a los prestatarios estudiantiles para estos fines, a costa de hundir a millones en una crisis económica permanente.

Las políticas agresivas de McMahon siguen al despido de casi la mitad del personal del ED, diezmando la oficina de Ayuda Estudiantil Federal hasta el borde del colapso. Los prestatarios informan que no pueden contactar a nadie para hacer arreglos de pago. Las solicitudes para programas de pago basados en ingresos—que adaptan el monto mensual al nivel de ingresos de cada persona—fueron eliminadas en febrero y reaparecieron un mes después.

Numerosos informes confirman que más de un millón de prestatarios que han presentado solicitudes para estos programas llevan esperando meses a que el Departamento de Educación las procese.

“Estoy en espera como cuatro o cinco horas”, dijo Elissa Jane Mastel, una maestra de Denver de 55 años, al New York Times. “Y, cuando finalmente contesto una persona, me dice: ‘Ah, no puedo ayudarte’”. Mastel explicó que, como docente, trataba de acceder al programa que condona préstamos por “servicio público” después de años de pagos puntuales, sin éxito alguno.

En un giro más punitivo, el ED amenazó con notificar a las agencias de crédito sobre pagos atrasados. Según datos del gobierno, solo un tercio de los 38 millones de prestatarios están al corriente.

El economista jefe de Moody’s Analytics, Mark Zandi, señaló la tormenta perfecta de dificultades financieras que azota a Estados Unidos. Dijo:

Muchos de los hogares que deben reanudar el pago de sus préstamos estudiantiles también están luchando con deudas de tarjeta de crédito con tasas de interés casi récord y con hipotecas a tasas altas que pensaban poder refinanciar a tasas más bajas, pero no han podido hacerlo.

Biden hizo campaña prometiendo condonar la deuda estudiantil federal a prestatarios con ingresos menores a 125.000 dólares al año, una de sus tantas promesas vacías. Como muchos jóvenes han señalado, en 2005, entonces senador, Biden emitió uno de los votos cruciales para excluir los préstamos estudiantiles de la protección por bancarrota. La Ley de Prevención del Abuso de la Bancarrota y Protección del Consumidor colocó a decenas de miles de prestatarios en una deuda de por vida.

Por su parte, McMahon criticó a la administración Biden por “confundir” a los prestatarios y promover “esquemas ilegales de condonación de deuda para ganar popularidad”, en referencia a medidas muy limitadas. Para el final de su mandato, 5,3 millones de prestatarios con 183.600 millones de dólares en préstamos calificaron para condonación. Su plan de cancelar hasta 20.000 dólares en préstamos fue anulado por la Corte Suprema, y su plan de pago SAVE—que buscaba ajustar los pagos en base al ingreso y el tamaño del hogar—sigue congelado por los tribunales desde agosto de 2024.

“El lunes, el Departamento de Educación declaró enfáticamente que no habrá condonación masiva de préstamos.”

La deuda por préstamos estudiantiles, que ahora supera los 1,7 billones de dólares, ha aumentado exponencialmente debido al recorte drástico de la ayuda federal a la educación superior durante décadas. Esto condujo directamente a un aumento gigantesco de la matrícula. Tanto demócratas como republicanos desviaron billones de dólares del gasto público hacia el ejército, los rescates de Wall Street y las reducciones de impuestos para los ricos, desmantelando así la financiación educativa a todos los niveles.

Esta política bipartidista se profundizó a nivel estatal, donde los gobiernos desviaron cada vez más los ingresos fiscales hacia subsidios corporativos y recortes fiscales para los ricos. Entre 2008 y 2017, el apoyo estatal por estudiante en educación superior cayó 16 por ciento. A nivel nacional, la matrícula aumentó en promedio un 35 por ciento, según el Center for Budget and Public Policy. En algunos estados (Alabama, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia y Hawái), el aumento fue del 60 por ciento.

En términos históricos, la matrícula universitaria pasó de ser gratuita o casi gratuita en algunas zonas—como las universidades públicas de cuatro años en California, el sistema de la City University de Nueva York y muchos otros sistemas públicos en los años 60—a un promedio nacional de 38.270 dólares por estudiante al año. La Education Data Initiative estima que el costo promedio de asistencia para un estudiante que vive en el campus de una universidad pública de cuatro años en su estado asciende a 108.548 dólares por cuatro años.

Estos enormes aumentos de precio—resultado de políticas bipartidistas a nivel estatal y federal—se traducen hoy en día en una deuda promedio de 31.960 dólares por una licenciatura.

El derecho a una educación gratuita y de alta calidad para todos es una necesidad social. Pero, como ocurre con todos los demás derechos democráticos, exige una lucha política de la clase trabajadora para abolir el sistema capitalista parasitario y decadente, expropiar la riqueza de la oligarquía y redistribuir los recursos de la sociedad para satisfacer las necesidades humanas, no las ganancias privadas. Esto requiere la lucha por el socialismo—la reorganización de la vida económica y política sobre la base de la igualdad social y el control democrático de la clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de abril de 2025)