Con un lenguaje que evoca el de los nazis contra aquellos 'indignos de vivir', el veterano alcalde republicano de Lancaster, California, R. Rex Parris, sugirió recientemente que la población sin hogar de la ciudad debería recibir 'fentanilo gratuito... todo lo que deseen' y expresó su deseo de una 'purga' federal para eliminarlos.

Parris no es solo un individuo perturbado. Ha sido elegido repetidamente alcalde de Lancaster, una ciudad industrial de 167.000 habitantes ubicada en el norte del condado de Los Ángeles, centro de producción del ejército estadounidense, sede de instalaciones operadas por Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin y Honeywell.

Durante una reunión del Ayuntamiento en febrero, Parris declaró que una solución sería  'darles fentanilo gratuito... todo el fentanilo que quieran'. Por grotesca que fuera esta sugerencia —proponer acelerar la muerte de los más vulnerables permitiéndoles una sobredosis de la droga—, Parris aún no había tocado fondo.

En una entrevista con Fox LA la semana pasada, Parris insistió, lanzando una exigencia escalofriante: 'Francamente, desearía que el presidente nos hiciera una purga. Porque sí necesitamos purgar a esta gente'. El lenguaje no podía ser más explícito. Inspirándose en la fantasía distópica de una oleada de exterminio violento y sin ley popularizada en la saga cinematográfica La Purga, Parris ha pedido un asesinato en masa sancionado por el Estado.

Intentando disfrazar sus sentimientos sociopáticos como preocupación por la 'seguridad pública', Parris se aseguró de demonizar a la población sin hogar como una amenaza criminal. 'Son responsables de la mayoría de nuestros robos, la mayoría de nuestras violaciones y al menos la mitad de nuestros asesinatos', afirmó, sin ofrecer ninguna prueba de esta vil difamación.

Añadiendo incienso religioso para disimular el hedor, Parris concluyó su entrevista invocando la Biblia, parafraseando un pasaje del Nuevo Testamento, 2 Tesalonicenses 3:10, que dice: «Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les dimos esta regla: ‘El que no quiera trabajar, que tampoco coma’». En consecuencia, la muerte por hambre complementa la muerte por sobredosis.

Parris, abogado colegiado que ha ejercido el cargo desde 2008, es un experto en las costumbres del establishment político estadounidense. La postura autoritaria es su elemento. Este es el mismo hombre que en 2020 argumentó que cualquiera que propagara la COVID-19 a sabiendas debería ser acusado de asesinato, una postura que sustituyó las medidas de salud pública por la retórica de la ley y el orden, que la administración Trump estaba abandonando.

El alcalde ha fusionado repetidamente la religión y el gobierno, promoviendo políticas que pisotean la separación entre la Iglesia y el Estado. Su ciudad ha sido pionera en la vigilancia de alta tecnología de sus residentes, desplegando patrullas con drones bajo el pretexto de la 'seguridad pública', mucho antes de la generalización de estas herramientas distópicas.

Y, sin embargo, por repugnante que sea el personaje de Parris, esta no es simplemente la historia de la patología reaccionaria de un hombre. Sus comentarios son un síntoma de un orden político enfermizo: un sistema capitalista en avanzado deterioro, incapaz de abordar las crisis sociales que ha generado y solo capaz de responder con una creciente represión y violencia.

Tanto bajo administraciones demócratas como republicanas, las ciudades estadounidenses se han convertido en laboratorios de limpieza social. Lejos de oponerse a la lógica bárbara de Parris, el Partido Demócrata ha allanado el camino para ello, en particular los demócratas de California. El mes pasado, la ciudad de Fremont, sede de la primera planta de vehículos Tesla, votó a favor de prohibir por completo dormir al aire libre, basándose en la decisión de la Corte Suprema del año pasado. La ordenanza fue derogada tras la indignación pública.

En la vecina San José, la ciudad más grande del norte de California, el ayuntamiento dio su aprobación preliminar a una medida propuesta por el alcalde demócrata Matt Mahan, que autorizaría a la policía a arrestar a personas sin hogar si se niegan a acudir a albergues en tres ocasiones. 'Ser indigente no puede ser una opción', declaró al New York Times. 'El gobierno tiene la responsabilidad de construir albergues, y nuestros vecinos sin hogar tienen la responsabilidad de usarlos'.

La semana pasada, el Ayuntamiento de San José votó por unanimidad a favor de desalojar el campamento de personas sin hogar más grande de la ciudad, que incluía coches y autocaravanas aparcados en el Parque Columbus, a pesar de las protestas de que no había otro lugar al que pudieran ir, ya que no hay suficientes camas en los albergues para acomodarlas.

En Los Ángeles, la maquinaria política demócrata, liderada por la alcaldesa Karen Bass y respaldada por el gobernador de California, Gavin Newsom, ha librado una campaña implacable contra las personas sin hogar. Newsom, en particular, ha supervisado la brutal destrucción de campamentos en todo el estado. Bajo la falsa bandera de la “salud pública” y las “calles limpias”, las personas sin hogar son desplazadas, criminalizadas y abandonadas a su suerte para que mueran al margen.

Aunque la retórica de los políticos demócratas se disfraza de compasión, la realidad es una crueldad con fines de lucro. Los Ángeles ha transformado su enfoque hacia la falta de vivienda, pasando de un modelo de bienestar público a un modelo de negocio privado. La desfinanciación de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA, siglas en inglés) y el auge de la Agencia de Soluciones de Vivienda Asequible del Condado de Los Ángeles (LACAHSA) no representan una solución al problema de la falta de vivienda, sino la transformación de la miseria humana en una lucrativa fuente de ingresos para contratistas y promotores privados. La falta de vivienda se ha convertido en un negocio, y las vidas humanas son la mercancía.

La bilis fascista que Parris profiere encuentra eco en el ambiente político general moldeado por la administración Trump. Las abiertas incitaciones de Trump a la violencia, sus ataques a los derechos democráticos y a los inmigrantes, y su celebración de la brutalidad policial ilegal envalentonaron a la extrema derecha en todo el país. Pero la complicidad de los demócratas no es menos condenatoria. Han dado cobertura bipartidista al avance constante del autoritarismo mientras intentan blanquear sus políticas con la retórica de la 'equidad' y la 'reforma'.

La fantasía de 'purga' de Parris es una advertencia. Los ataques a las personas sin hogar son solo el comienzo. La clase dominante se prepara para extender esta violencia a todos los sectores de la población que el capitalismo considera inconvenientes o no rentables: las personas con discapacidad, los ancianos, los desempleados, los trabajadores pobres y, en última instancia, la clase trabajadora en su conjunto. Décadas de programas y protecciones sociales duramente conquistados —fruto de una encarnizada lucha de clases— están siendo atacadas, y la falta de vivienda se utiliza para reintroducir ideas abiertamente eugenésicas en la política oficial.

Esta es la lógica del capitalismo en crisis. Un sistema que no puede garantizar vivienda, atención médica ni trabajo digno a millones de personas, incluso en el país más rico del mundo, no tiene soluciones más allá de la violencia. Sus defensores, ya sea que vistan traje o banda de alcalde, ya sea que hablen desde los pasillos del Congreso o la cámara del consejo local, intensificarán su brutalidad a medida que se profundicen las contradicciones sociales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de abril de 2025)