El 5 de abril, cientos de miles de personas salieron a las calles en más de 40 ciudades españolas bajo el lema 'Acabemos con el negocio de la vivienda' para exigir el derecho a una vivienda digna y asequible. Fue una movilización masiva, la primera gran movilización a nivel nacional desde que más de 100.000 personas se manifestaron en Madrid en octubre pasado y un número similar en Barcelona en noviembre.

Las protestas por la vivienda en España se produjeron el mismo día en que millones de personas marcharon contra Trump en ciudades de todo Estados Unidos, y en medio de las crecientes protestas y de llamamientos a la huelga en toda Europa, desde los maestros británicos hasta los trabajadores ferroviarios franceses.

Más de 150.000 manifestantes en Madrid partieron desde Atocha recorriendo toda la Gran Vía, pidiendo el fin para la 'impunidad de los rentistas' y una 'huelga de alquileres'. Más de 100.000 personas marcharon en Barcelona, llegando a la Plaza de España en columnas desde toda la ciudad, y finalmente llenaron la Avenida María Cristina con cánticos que se hacían eco de los mismos llamamientos para poner fin a la mercantilización de la vivienda.

En Málaga, 30.000 manifestantes marcharon desde la Plaza de la Marina por barrios obreros como El Perchel, El Bulto y Huelín, coreando 'la ciudad no se vende se defiende'. Decenas de miles de personas llenaron las calles de Valencia con consignas como “queremos vecinas y no rentistas” o “le dicen solución a la especulación”. En Galicia se han producido grandes marchas en Vigo y Coruña para exigir medidas 'reales e inmediatas' que frenen de una vez por todas la especulación inmobiliaria.

En Granada, miles de personas marcharon desde la Plaza del Triunfo detrás de una pancarta en la que se leía: “Su negocio o nuestras casas. Hombro con hombro, clase contra clase.” A lo largo del recorrido, que finalizó en la Fuente de las Batallas, corearon consignas como “Vergüenza me daría desahuciar a una familia”, “Cada casa, una trinchera” o “Gastos militares para educación, sanidad y viviendas sociales”.

Decenas de miles más llenaron las calles de ciudades como Palma de Gran Canaria, Mallorca y Santander. Junto a los eslóganes por la vivienda, fueron también muy abundantes las banderas y los lemas de apoyo al pueblo palestino.

Estas manifestaciones fueron organizadas por sindicatos de inquilinos, organizaciones de base de inquilinos que luchan para evitar aumentos de alquileres y desalojos. Estas organizaciones se remontan al ejemplo de las huelgas de alquileres durante la Segunda República española, en particular la del 7 de mayo de 1931, cuando los residentes de las 'Casas Baratas' de Barcelona, hogar de cientos de familias de clase trabajadora, se negaron a pagar alquileres abusivos. En agosto, más de 100.000 inquilinos se habían unido a la huelga.

En 2009, un año después del crack de Wall Street, se generalizaron los desahucios por hipotecas impagadas. En respuesta a ello, se fundó en Barcelona la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). La PAH se hizo conocida y logró frenar algunos desahucios. Sin embargo, no obtuvo sus demandas centrales y, en cambio, se convirtió en una nueva fuente de reclutas para los partidos de clase media, pseudoizquierdistas, que aspiraban a formar parte de los gobiernos capitalistas.

Una de sus principales figuras, Ada Colau, se unió al partido Podemos, llegando a ser alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023. Muchos otros líderes de la PAH se unieron a Podemos y más tarde a Sumar, ganando escaños en los parlamentos autonómicos y nacionales, desmovilizando de forma efectiva al movimiento.

En 2017, cuando la crisis se había desplazado desde las hipotecas al precio del alquiler, se fundó en Barcelona el Sindicat de Llogateres para luchar por alquileres asequibles. Ahora cuenta con 4.000 miembros y se ha extendido por toda España, organizando principalmente a trabajadores que exigen alquileres más bajos y abogando por huelgas de alquileres.

Los sindicatos de inquilinos intentan llenar el vacío dejado por los sindicatos tradicionales, cuyas burocracias han permitido aumentos salariales por debajo de la inflación y no se han movilizado para defender el derecho a la vivienda de los trabajadores. También expresan la oposición social de izquierdas, profundamente arraigada y extendida, en la clase trabajadora, a las políticas de Podemos y Sumar.

Podemos y Sumar han sido socios de Gobierno del Partido Socialista (PSOE) durante los últimos cinco años, primero Podemos hasta 2023 y luego Sumar. Durante estos años apoyaron aumentos récord en el gasto militar, mientras que los servicios públicos no han cesado de deteriorarse. al tiempo que no hicieron nada para establecer la vivienda como un derecho y no como una mercancía para la especulación.

Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, lo resume: “Lo que hemos visto durante estos meses es que el Gobierno ha hecho muy poco ... los anuncios han sido una bonificación fiscal del 100% a los rentistas y la promesa de un futuro parque público de viviendas, que nadie sabe si va a pasar ni cuándo, además de desvirtuar una de nuestras propuestas, que es prohibir las compras especulativas y dejarla solo en que los extracomunitarios tengan que asumir más impuestos.”

Los manifestantes destacaron el costo humano de la crisis inmobiliaria en España. Un cartero en Madrid explicó que paga 600 euros de alquiler con un salario de menos de 1.300 euros. Una joven dijo que sus ingresos significan que nunca podrá salir de la casa de sus padres, mientras que otra graduada universitaria admitió que ni siquiera podía considerar vivir sola debido a los precios de los alquileres.

En Barcelona, Florina, residente de Vallcarca, habló en el mitin de clausura de la protesta, explicando que había sido desalojada por no pagar el alquiler y que ahora vive en una chabola en un terreno municipal. El ayuntamiento, gobernado por el PSOE, amenaza ahora con desalojarla a ella y a otras personas para reurbanizar los terrenos.

Los organizadores expresaron sentimientos similares. El Sindicato de Inquilinos de Barcelona declaró: “Ante unos gobiernos que abordan el problema con medidas tibias que hacen el juego a la patronal, la sociedad ha salido a decir que en torno a la vivienda hay un conflicto de intereses, y que mientras sea un negocio que enriquece a unos pocos, nunca será un derecho para la mayoría”.

En Sevilla, Álvaro Pastor, del Sindicato por la Vivienda, afirmó que, dados los niveles actuales de alquiler, la gente no tiene acceso a “algo tan necesario como un techo, especialmente en una ciudad donde puedes morir en la calle de calor en verano o de frío en invierno”.

En Mallorca, Bel Abrams, de la PAH, dijo que están aumentando los “casos relacionados con el alquiler, de personas afectadas por la finalización de contratos, por alquileres que no pueden pagar, o personas que no encuentran casas, por lo que hay familias hacinadas en una vivienda

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El acceso a la vivienda no ha hecho más que empeorar en los últimos años. Los precios de compra de viviendas aumentaron un 47 por ciento entre 2015 y 2023, un 8 por ciento en 2024 y se prevé que aumenten entre un 5 y un 7 por ciento en 2025. Esto supera ampliamente al crecimiento de los salarios, con unos aumentos salariales promedio el año pasado de alrededor del 2,8 por ciento, muy por debajo de la inflación.

La situación de los alquileres es peor, con un aumento del 85 por ciento en los últimos 10 años, especialmente en las principales ciudades y zonas turísticas. En Madrid, los alquileres subieron un 18,6 por ciento en 2024, y en Barcelona, un 10,9 por ciento.

Estas tendencias no se deben a una escasez de viviendas, como suelen afirmar los economistas burgueses. Más de un millón de viviendas en España (1.046.188) son propiedad de grandes propietarios. Un total de 27.000 propietarios poseen más de una decena de inmuebles de uso residencial y solo 10 de ellos suman más de 200.000 inmuebles, en total el 8,9% de las viviendas disponibles. Sólo en Madrid, el número de grandes propietarios aumentó en 2.600 en un año; Las personas que poseen más de tres propiedades en alquiler aumentaron de 7,600 a 10,242.

Mientras unos pocos obtienen enormes ganancias de la vivienda, masas de personas se ven empujadas más profundamente a la pobreza. El 20 por ciento más pobre de las familias gasta por encima del 70 por ciento de sus ingresos en el alquiler. Esto refleja la creciente desigualdad de España: el 1 por ciento más rico posee el 25 por ciento de toda la riqueza, y el 10 por ciento más rico posee el 60 por ciento. En 2002, esas cifras fueron de 13,8 por ciento y 43,9 por ciento, respectivamente. Cada vez más, esta riqueza se utiliza para comprar viviendas con fines especulativos.

Dado que el turismo es un sector económico clave en España, el diez por ciento de las viviendas en alquiler se utilizan ahora para el turismo, lo que reduce significativamente la disponibilidad de viviendas a largo plazo.

La protesta por la vivienda es parte de una creciente ola internacional de protestas sociales y acciones de huelga contra la oligarquía capitalista que refleja la creciente ira entre amplias capas de trabajadores por la intratable crisis económica y social del capitalismo. Los trabajadores están decididos a defender derechos sociales y democráticos clave, como el derecho a la vivienda. Sin embargo, este movimiento todavía carece de una orientación clara para construir un movimiento continuo en la clase obrera y unirse con los trabajadores en lucha en otros países.

Es fundamental construir organizaciones de base no solo en los barrios de clase trabajadora, sino también en los lugares de trabajo, y armarlas con una perspectiva socialista en oposición a los partidos pseudoizquierdistas de clase media que están en el gobierno capitalista como Podemos y Sumar. El camino a seguir para poner fin al dominio de la oligarquía capitalista es una lucha de la clase obrera internacional por su expropiación en una revolución socialista.

Luchar por esta perspectiva requiere construir una vanguardia trotskista en la clase obrera, basada en las perspectivas del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, en oposición a las fuerzas pseudoizquierdistas como Podemos, Sumar y sus satélites y aliados en las burocracias sindicales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de abril de 2025)