En un desarrollo aterrador, la administración de Trump ha desatado una cacería de brujas a gran escala dirigida contra casi 900 integrantes del cuerpo docente del sistema de la Universidad de California. Su “crimen” fue firmar cartas abiertas sobre el ataque israelí contra Gaza y pedir la protección tanto de estudiantes judíos como palestinos.

En un acto de autoritarismo maccarthista de manual, funcionarios federales están interrogando a profesores —entrevistas cuyo único propósito es criminalizar la disidencia e imponer la conformidad ideológica.

La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC; Equal Opportunity Employment Commission) —bajo órdenes de la administración Trump— emitió una citación para obtener información privada de los docentes, incluyendo nombres, correos electrónicos, números de teléfono, cargos laborales, entre otros. Esta información fue entregada por la Universidad de California en marzo, tras lo cual funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) comenzaron a contactar con los docentes, no para investigar actos de acoso, sino para rastrear “enemigos” ideológicos.

Este desarrollo es una copia directa del playbook del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes (HUAC) liderado por Joseph McCarthy. Constance Penley, presidenta del Consejo de Asociaciones de Profesores de la UC, advirtió que el objetivo es “despojar a la universidad de su autonomía” y fracturar la solidaridad académica.

La campaña utiliza cínicamente a la EEOC, una agencia que en teoría protege a los trabajadores de la discriminación, para castigar a académicos por mantener opiniones disidentes sobre la política exterior de Estados Unidos.

Los mismos docentes que se opusieron públicamente al antisemitismo genuino en sus campus ahora son retratados como sospechosos en una inquisición diseñada para imponer una ideología fascista. Mientras tanto, los verdaderos casos de odio y acoso —especialmente aquellos cometidos por la propia administración Trump— permanecen sin investigar, siempre y cuando se alineen con la narrativa política de la oligarquía.

Igualmente condenable es el absoluto fracaso del Partido Demócrata para enfrentar esta campaña fascista. La administración de Biden sentó las bases para una represión contra estudiantes y docentes que se oponen a las acciones de Israel en Gaza. Biden y los demócratas ordenaron conjuntamente intervenciones policiales en los campus en coordinación con los republicanos de derecha, resultando en arrestos masivos y la supresión de protestas.

Las acciones de los demócratas se ven agravadas por el papel de los principales sindicatos académicos, muchos de los cuales han dejado entrever su disposición a acomodarse a la cruzada nacionalista de Trump. En lugar de tomar medidas decididas para proteger a la base, la dirigencia sindical suele esconderse detrás de un lenguaje legalista y una inercia procedimental.

Katie Rodger, presidenta del sindicato UC-AFT (University Council-American Federation of Teachers), declaró: “Esto no es solo un intento de obtener información. Es un intento en el que la EEOC y la administración Trump están imponiendo su poder sobre las universidades para reprimir la libertad académica y de expresión”.

Sin embargo, aunque el UC-AFT expresa una oposición formal a las citaciones, ha facilitado los esfuerzos bipartidistas para suprimir la disidencia propalestino al alinearse con las políticas imperialistas de EE.UU. En su convención de 2024, la dirección de la AFT, bajo la presidencia de Randi Weingarten, descartó resoluciones que condenaban las acciones de Israel en Gaza y la represión de las protestas en los campus, promoviendo en su lugar una narrativa que minimizaba estos hechos como simples “conflictos”.

El apoyo de Weingarten a la administración Biden —que respaldó tanto las acciones militares de Israel como las represiones internas contra la disidencia— ejemplifica la integración de la burocracia de la AFT con las agendas tanto demócrata como republicana que equiparan el activismo antisionista con el antisemitismo. Esta postura ha socavado la verdadera oposición dentro de la base estudiantil y docente, contribuyendo a la amplia represión de la libertad académica y la expresión política.

En vez de movilizar todo el poder de su afiliación, el aparato sindical intenta desarmar la enorme oposición contra Trump que se expresó claramente en las recientes manifestaciones en todo EE.UU. ocurridas hace apenas una semana.

Este no es un incidente aislado. Es parte de un patrón autoritario más amplio que se ha extendido por los campus universitarios de Estados Unidos bajo Trump. Estudiantes de posgrado como Momodou Taal y Mahmoud Khalil han sido secuestrados, difamados, suspendidos o presionados para auto-deportarse por hacer declaraciones contra el genocidio o la complicidad de EE.UU. en crímenes de guerra.

Los estudiantes internacionales, especialmente los de países de mayoría musulmana, ven sus visas revocadas sin justificación. En la Universidad de Columbia, la administración Trump recortó la financiación federal como represalia por su negativa a cumplir con las exigencias ideológicas: desaparecieron 400 millones de dólares que aún no han sido restaurados.

Los estudiantes que protestan contra el genocidio en Gaza son vilipendiados como extremistas antisemitas. Las autoridades universitarias llaman a la policía para aplastar los campamentos de protesta, mientras que los políticos amenazan con revocar títulos y deportar a los estudiantes internacionales.

Esto no es simplemente censura: es la construcción deliberada de un aparato político para criminalizar las opiniones contra la guerra y de izquierda, cuyo objetivo final es toda la clase trabajadora.

Pero enfrentar esta amenaza solo con protestas es una ilusión fatal. La clase dominante no se intimida ante peticiones ni indignación moral. El aparato estatal —los tribunales, universidades y supuestas agencias de “derechos civiles”— ya ha sido movilizado para destruir las libertades más básicas. Esta campaña no se revertirá con apelaciones tímidas ni resistencia simbólica. Es necesaria una contraofensiva política organizada —una que no clame clemencia sino que se prepare para arrebatarle el poder a las fuerzas que imponen una dictadura fascista—.

La única vía hacia adelante es mediante la movilización independiente de la clase trabajadora. Docentes y estudiantes no deben recurrir al Partido Demócrata ni a los burócratas sindicales, sino dirigirse a los trabajadores de todos los sectores: ferroviarios, obreros automotrices, enfermeras, trabajadores de Amazon y UPS. Es en los centros de trabajo, no en las urnas, donde reside el verdadero poder para paralizar la maquinaria capitalista.

Esto implica construir comités de base —organizados democráticamente y controlados por los propios trabajadores— para coordinar la resistencia, compartir información y preparar acciones de masas. La estrategia debe ser nada menos que la preparación para una huelga general: una paralización nacional que rechace todo compromiso con las fuerzas de la reacción.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de abril de 2025)