En uno de los ataques más despiadados contra los trabajadores inmigrantes en la historia de Estados Unidos, la administración de Trump ha puesto en marcha una política que convierte al “Archivo Maestro de Defunciones” de la Administración del Seguro Social en un arma para borrar la existencia legal de miles de personas vivas.

No se trata de simple crueldad administrativa. Es una campaña de asesinato financiero, diseñada para despojar a los trabajadores inmigrantes de sus medios de subsistencia, cortar su acceso a servicios esenciales y forzarlos a “autodeportarse” mediante el estrangulamiento económico.

La lista ya incluye a más de 6.300 personas, y las propias autoridades reconocen que probablemente crecerá. Entre ellas hay menores de edad e individuos sin historial delictivo. Mientras la administración afirma que estas personas son “criminales sospechosos” o “terroristas”, incluso los propios trabajadores de las agencias involucradas no han encontrado pruebas que respalden tales acusaciones. Se trata de trabajadores que han contribuido al Seguro Social, Medicaid y los seguros de desempleo, programas que ahora se usan como herramientas represivas en su contra.

El plan está dirigido a inmigrantes que obtuvieron estatus legal temporal bajo la administración de Biden, un estatus que no ofrecía ninguna vía hacia la ciudadanía ni una protección permanente, tan solo la ilusión de seguridad hasta que cambiaran los vientos políticos. Trump ya ha comenzado a revocar su estatus temporal.

Su verdadero “delito” fue haberse registrado y dejado rastros en bases de datos federales construidas por administraciones demócratas, que durante décadas se han beneficiado del trabajo inmigrante mientras les negaban derechos políticos duraderos o protecciones legales.

Ahora, con Trump en el poder, estos registros se han convertido en una lista de depuración.

Mediante esta maniobra siniestra, el Gobierno ha comenzado a reclasificar a inmigrantes vivos como “muertos”, transfiriendo sus nombres y números de Seguro Social a un sistema destinado a personas fallecidas. Las consecuencias son catastróficas: sin un número válido de Seguro Social, no se puede trabajar legalmente, abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato de arrendamiento, acceder a atención médica ni reclamar beneficios. A los ojos del sistema financiero, dejan de existir.

La intención del Gobierno es clara: desmantelar el sistema del Seguro Social como parte de sus ataques contra conquistas históricas fundamentales como Medicare, Medicaid y otros programas sociales esenciales. Comienzan por borrar a los inmigrantes sobre el papel y expulsarlos del país al privarlos de todo medio de supervivencia tras años de explotar su trabajo.

Como admitió Leland Dudek, comisionado interino del Seguro Social nombrado por Trump, en un correo interno, la vida financiera de estos inmigrantes será “terminada”.

Martin O’Malley, comisionado del Seguro Social bajo Biden, declaró: “Equivale a un asesinato financiero”.

No hay debido proceso, ni audiencia, ni posibilidad de apelación antes de que se elimine a una persona de los registros. Y salir de la lista de fallecidos no es tarea fácil. Como señaló Marcela Escobar-Alava, exfuncionaria de la Administración del Seguro Social (SSA):

“Existe todo un proceso de ‘no estoy muerto’… pero los centros están saturados”.

Los recortes de personal solo han empeorado esa saturación, dejando a miles atrapados en un limbo legal.

Pero este ataque no surgió de la nada. Se apoya en décadas de reacción bipartidista.

Bajo Bill Clinton, se intensificó la militarización de la frontera y se endurecieron las leyes migratorias punitivas. La administración de Obama perfeccionó la arquitectura digital que hizo posible esta atrocidad, construyendo sistemas de vigilancia masiva, canales de registro y marcos legales que canalizaron a trabajadores inmigrantes hacia la maquinaria de la deportación. A pesar de su fachada “progresista”, Obama se ganó el título de “deportador en jefe”, al supervisar la expulsión forzada de más inmigrantes que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos.

Biden extendió estas políticas bajo marcas más “humanitarias”. Programas como la aplicación CBP One y el parole humanitario crearon vastos registros de trabajadores inmigrantes canalizados hacia empleos de bajos salarios mientras esperaban un estatus permanente que nunca se les ofreció. Esos trabajadores pagaron impuestos, contribuyeron al Seguro Social y enriquecieron a la sociedad estadounidense, solo para quedar completamente expuestos cuando cambiaron los cálculos políticos.

Ahora Trump, heredando estas listas, ha activado un interruptor burocrático y los ha declarado muertos.

Para justificar este acto grotesco, la administración ha recurrido a la manida retórica de la “ley y el orden”. Trump y sus voceros, incluyendo a los medios corporativos, han presentado a los trabajadores inmigrantes como criminales, violadores, terroristas y parásitos.

Informes internos de las agencias confirman que la mayoría de las personas apuntadas no tienen antecedentes penales. Las listas se han compilado con tal imprudencia que incluso incluyen menores, algunos de apenas 13 años.

El verdadero “delito”, a los ojos del Estado capitalista, no es la violencia ni el fraude—es ser pobre, nacido en el extranjero y miembro de la clase trabajadora.

Esta demonización es una característica clásica del capitalismo en crisis. A medida que la desigualdad social se agudiza y la inestabilidad económica se expande, la clase dominante recurre a la represión y el nacionalismo para desviar el enojo de la clase trabajadora. Los inmigrantes, marginados y debilitados políticamente por su estatus legal, se convierten en los blancos más convenientes, utilizados para distraer la atención de los verdaderos arquitectos de la crisis.

Mientras los trabajadores inmigrantes son declarados “muertos”, los verdaderos parásitos—la oligarquía financiera—siguen saqueando la sociedad con total impunidad.

Donald Trump construyó su fortuna mediante fraude fiscal, robo de salarios y estafas financieras. Elon Musk, quien ahora influye directamente en la política migratoria, difunde teorías conspirativas sobre inmigrantes que “roban beneficios” mientras se enriquece personalmente con miles de millones en subsidios estatales.

Estos hombres no producen nada. Son los trabajadores inmigrantes—junto a sus hermanos nacidos en Estados Unidos—quienes crean la riqueza que la clase dominante expolia. Limpian hospitales, entregan mercancías, construyen viviendas, cuidan de niños y cosechan alimentos. Su trabajo sostiene al mundo. Los multimillonarios se alimentan de él.

Este ataque no es una política aislada, sino parte de una ofensiva más amplia contra los derechos democráticos. El mismo aparato estatal de represión que apunta a los trabajadores inmigrantes se utiliza contra estudiantes, jóvenes y toda persona percibida como opositora política. Estudiantes como Mahmoud Khalil, Momodou Taal y Rumeysa Ozturk son solo algunos ejemplos.

La campaña para borrar a los trabajadores inmigrantes de la vida económica es parte de una ofensiva más amplia contra toda la clase trabajadora. Una vez normalizadas, estas herramientas de control se expandirán, dirigidas contra la disidencia, desmantelando protecciones sociales y socavando derechos laborales para todos.

La defensa de los inmigrantes es inseparable de la defensa de todos los trabajadores. Esta lucha no puede depender del Partido Demócrata ni de los tribunales. Solo un movimiento socialista, unido e independiente de la clase trabajadora, puede defender a los inmigrantes y los derechos democráticos mediante el derrocamiento del sistema capitalista y la construcción de una sociedad basada en las necesidades humanas, no en el lucro privado.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de abril de 2025)