La reunión de fascistas en la Casa Blanca el lunes para recibir al presidente salvadoreño Nayib Bukele representó otro paso más en la consolidación de una dictadura presidencial en Estados Unidos. Trump aclamó a Bukele como un alma gemela al aceptar recibir a un número irrestricto de personas de EE.UU. para encerrarlas en una de las prisiones más brutales del planeta, la megaprisión CECOT (Centro de Confinamiento de Terrorismo).

Bukele, que gobierna como dictador y reprime toda oposición política, le devolvió el favor a Trump reconociéndolo como su patrón y patrocinador. Rechazó de plano la posibilidad de liberar a Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño que fue deportado por error. Abrego García tiene una esposa estadounidense y tres niños en Maryland. Devolverlo a Estados Unidos, afirmó Bukele, sería “absurdo” y de todos modos dijo “no tener el poder” para hacerlo.

Del círculo íntimo de Trump provino una mezcla de amenazas fascistas y mentiras descaradas. La fiscala general Pam Bondi afirmó falsamente que dos tribunales habían determinado que Abrego García era un miembro de la pandilla MS-13 y un extranjero ilegal. De hecho, Abrego García nunca ha sido acusado de un delito ni en los Estados Unidos ni en El Salvador y ganó un fallo de 2019 que prohíbe su deportación, ya que su vida estaría en peligro si se viera obligado a regresar.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró:

Es un ciudadano de El Salvador, por lo que es muy arrogante incluso para los medios estadounidenses sugerir que incluso le diríamos a El Salvador cómo manejar a sus propios ciudadanos como punto de partida.

Estas declaraciones vienen de un Gobierno que está intimidando al mundo entero con una guerra arancelaria, combinada con demandas territoriales como que “se regrese” el canal de Panamá hasta la anexión de Groenlandia y Canadá.

Trump y sus agentes están utilizando el caso de Abrego García para establecer tres pilares interrelacionados de la dictadura presidencial: 1. El presidente está por encima de la ley y no está obligado a respetar los fallos judiciales; 2. El presidente tiene una autoridad indiscutible sobre la política exterior y la guerra; y 3. El ejecutivo tiene el poder de deportar o detener a cualquier persona, incluidos los ciudadanos estadounidenses, fuera de las protecciones de la Constitución.

La Administración de Trump aprovechó una laguna legal creada por la Corte Suprema, que había confirmado la directiva de la jueza de distrito Paula Xinis de que el Gobierno debería “facilitar” el regreso de Abrego García, después de que un abogado del Departamento de Justicia admitiera que la deportación había sido un “error administrativo”.

El fallo de la Corte Suprema del 10 de abril devolvió el caso a Xinis, ordenándole que aclarara una parte de su orden que requería que el Gobierno “efectuara” la liberación de Abrego García, “con el debido respeto por la deferencia debida al poder ejecutivo”. Este lenguaje ahora está siendo utilizado por la Administración para pretender que no está desafiando la orden del tribunal inferior, citando el fallo unánime de la Corte Suprema que en realidad confirmó esa orden.

Cualquiera que sea el argumento pseudolegalista, la Casa Blanca no está “facilitando” ni “efectuando” la liberación de Abrego García. Insiste en que permanecerá encarcelado en El Salvador.

La posición de la Administración de Trump es que sus acciones no pueden ser restringidas por la rama judicial, que, según la Constitución, es una rama gubernamental coigual. Esto comenzó con el abierto desafío al fallo inicial del juez James Boasberg el mes pasado, que ordenó que se detuvieran las deportaciones. Desde entonces, Trump y sus aliados han lanzado una campaña cada vez más abierta y feroz contra lo que llaman jueces “radicales” y “lunáticos”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, denunció el fallo de la jueza federal de distrito Paula Xinis que requiere que la administración devuelva a Abrego García a los Estados Unidos. “La política exterior de los Estados Unidos es conducida por el presidente de los Estados Unidos, no por un tribunal”, declaró Rubio. “Es así de simple”.

El domingo por la noche, el Departamento de Justicia presentó un informe de siete páginas a la jueza Xinis haciendo la misma afirmación: que el presidente de los Estados Unidos tiene una autoridad indiscutible en los asuntos exteriores de los Estados Unidos. “Los tribunales federales no tienen autoridad para ordenar al poder ejecutivo que conduzca las relaciones exteriores de una manera particular”, afirmó, citando el “poder exclusivo del presidente como único órgano del Gobierno federal en el ámbito de las relaciones internacionales”.

Si bien la Constitución otorga al poder ejecutivo la responsabilidad principal de las relaciones exteriores, esta autoridad no es absoluta ni inapelable. El Congreso siempre ha desempeñado un papel importante en la configuración y el financiamiento de la política exterior, y tanto la legislación del Congreso como las acciones ejecutivas están sujetas a supervisión judicial si son impugnadas como inconstitucionales o ilegales.

Hace cuarenta años, el Congreso aprobó la Enmienda Boland, que prohibió a las agencias gubernamentales estadounidenses ayudar a los rebeldes de la Contra en Nicaragua. La Administración de Reagan no disputó la autoridad del Congreso, y cuando se reveló que los asesores de la Casa Blanca habían vendido secretamente armas a Irán para financiar a los Contras en violación de la ley, los altos funcionarios se vieron obligados a renunciar. Algunos fueron procesados y condenados, y el propio Reagan evitó por poco el juicio político porque el Partido Demócrata lo protegió.

Incluso entonces, el escándalo fue enterrado en gran medida para preservar la legitimidad del aparato militar y de inteligencia. Hoy, por el contrario, las violaciones flagrantes y diarias de la Constitución por parte de la Administración de Trump se encuentran con el silencio del Partido Demócrata, los tribunales y los medios corporativos.

Finalmente, y quizás lo más importante, el Gobierno de Trump está tratando de establecer un precedente para privar el acceso de los ciudadanos estadounidenses a cualquier proceso judicial.

En la Casa Blanca el lunes, Trump concluyó la sesión fascista de abrazos sugiriendo, en respuesta a una pregunta de los medios, que estaba considerando la deportación de ciudadanos estadounidenses, y no solo de inmigrantes, al sistema penitenciario salvadoreño. Si bien la pregunta se refería a ciudadanos estadounidenses “completamente naturalizados”, la respuesta de Trump no hacía referencia a la naturalización y se aplicaría a cualquier ciudadano estadounidense que entrara en conflicto con su gobierno. Dijo:

Nosotros también tenemos personas malas, y estoy a favor. Porque podemos hacer cosas con el presidente [Bukele] por menos dinero y tener mucha seguridad. Y tenemos una enorme población carcelaria... Tenemos otros con los que estamos negociando. Pero no, si es un criminal que creció aquí, no tengo ningún problema...

Agregó: “Ahora estamos estudiando las leyes en este momento, Pam [Bondi] está estudiando. Si podemos hacer eso, está bien”. Trump también le dijo a Bukele que necesitará construir más prisiones para lidiar con los “cultivados en casa”, es decir, los ciudadanos estadounidenses.

La trayectoria de la Administración de Trump es inconfundible. Como advirtieron las juezas de la Corte Suprema Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en una declaración que acompaña el fallo del 10 de abril:

El argumento del Gobierno, además, implica que podría deportar y encarcelar a cualquier persona, incluidos los ciudadanos estadounidenses, sin consecuencias legales, siempre y cuando lo haga antes de que un tribunal pueda intervenir.

Según informes de prensa, al menos una docena de representantes demócratas han enviado cartas a la Administración de Trump y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en busca de información sobre informes de ciudadanos estadounidenses interrogados e incluso arrestados y detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Una carta le pedía al Departamento de Seguridad Nacional que proporcionara una lista de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos desde la toma de posesión de Trump. Ninguna de estas cartas ha sido contestada.

Sin embargo, a medida que Trump establece el marco de la dictadura, ha sido ayudado e impulsado por el Partido Demócrata. Los congresistas líderes del Partido Demócrata y figuras destacadas como Obama, Biden, los Clinton y Kamala Harris han guardado silencio. A medida que la Casa Blanca desata un alboroto contra la Constitución, los demócratas han trabajado para desmovilizar y reprimir a la oposición popular amplia.

Las medidas que está implementando la Administración de Trump están dirigidas, sobre todo, contra la clase trabajadora. El precedente que se está sentando en el caso de Abrego García servirá para criminalizar toda forma de oposición a la oligarquía empresarial y financiera a la que sirve la Administración. A los ojos de Trump y sus aliados fascistas, cualquier expresión de resistencia, desde protestas hasta huelgas, representa una amenaza para la “seguridad nacional” que debe ser enfrentada con fuerza bruta.

La defensa de los derechos democráticos no puede confiarse a ninguna de las instituciones del Estado capitalista. Requiere la movilización independiente de la clase trabajadora, armada con un programa socialista para poner fin a la dictadura, la guerra y el sistema capitalista que les da origen.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de abril de 2025)