La clase obrera argentina realizó una masiva huelga general de un día entre el 9 y el 10 de abril contra el gobierno del presidente fascista Javier Milei y su nuevo paquete de austeridad impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En Buenos Aires, el miércoles 9 de abril, sindicalistas y estudiantes se unieron a los trabajadores jubilados en su manifestación semanal. La huelga continuó durante el resto del día hasta la medianoche del viernes. También se realizaron paros en otras ciudades del país.

Las tres sindicales peronistas de Argentina, la CGT (Confederación General del Trabajo), la CTA-A (Central de Trabajadores Argentinos Autónoma) y la CTA-T (Central de Trabajadores Argentinos – Trabajadores), convocaron la huelga general.

Si bien la CGT y ambas CTAs apoyaron las protestas por las pensiones del miércoles, no se realizaron mítines ni manifestaciones el jueves.

La tercera huelga general de un día desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023 (las dos anteriores fueron en enero y mayo de 2024) fue convocada por las burocracias sindicales casi once meses después de que acordaran una tregua con el gobierno de Milei. Esta tregua dio luz verde a las medidas antiobreras del gobierno, entre ellas el despido de decenas de miles de trabajadores sindicalizados en los sectores industrial, sanitario, educativo y estatal, además de recortes en los salarios reales y prestaciones para trabajadores y jubilados.

El paro masivo ocurrió en medio de una creciente indignación popular a medida que las tasas mensuales de inflación se disparan, en rechazo al nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en medio de un escándalo de corrupción vinculado a criptomonedas que involucra directamente al presidente argentino.

La huelga tuvo lugar dos días después de que el FMI anunciara un ‘acuerdo técnico’ con Argentina por un préstamo de 20.000 millones de dólares en un “acuerdo ampliado” al gobierno de Milei, “listo para ser discutido” por el directorio del FMI.

Las calles de Buenos Aires estaban vacías el jueves, excepto por autobuses municipales sin pasajeros (cuyos conductores no se sumaron al paro). El servicio de metro fue suspendido y se cancelaron más de 250 vuelos desde el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, dado el paro de los controladores aéreos. Todas las oficinas gubernamentales estuvieron cerradas, junto con los puertos del país, los centros logísticos y los corredores industriales en todo el territorio nacional.

Millones de trabajadores y jubilados exigen la renuncia del presidente Milei, junto con la destitución de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la represión masiva contra jubilados el pasado marzo que dejó cientos de heridos.

Además, habiendo sufrido ataques históricos a su nivel de vida bajo los gobiernos peronistas y ahora bajo Milei, la clase obrera ve otra ronda de medidas de austeridad impuestas por el FMI como una amenaza existencial.

Una caída de la tasa mensual de inflación en comparación con el año pasado se ha traducido en una reducción oficial de la tasa de pobreza del 52,9 por ciento al 38,1 por ciento. No obstante, hay indicios de que los precios no fueron completamente actualizados para ese cálculo.

Además, la participación masiva en la huelga refleja una percepción generalizada entre los trabajadores de que el desesperado acuerdo con el FMI indica una crisis subyacente que en realidad se está profundizando y cuyo costo se impondrá aún más sobre ellos.

Las reservas extranjeras han caído en 7.000 millones de dólares en poco más de tres meses, y la fuga de capitales va en aumento, especialmente ante la agitación económica mundial vinculada a las políticas comerciales del gobierno de Trump. En realidad, los últimos datos de inflación muestran un aumento del 2,2 por ciento en febrero al 2,4 por ciento en marzo.

Sin embargo, los dirigentes de la CGT y las CTAs convocaron la huelga de la semana pasada dentro del marco en quiebra de simplemente presionar al gobierno de Milei.

Poco después de firmar la tregua con Milei, en febrero de 2024, los burócratas de la CGT y las CTAs ya se habían reunido con funcionarios del FMI para avalar el ajuste monetario negociado con el gobierno de Milei, que impone medidas de austeridad salvajes sobre las masas trabajadoras argentinas.

Declarando que la huelga fue un “éxito total”, el dirigente de la CGT Héctor Daer puso especial énfasis en el hecho de que incluso los yacimientos petroleros de Vaca Muerta quedaron paralizados por el paro. La CGT y ambas CTA aún no han indicado cuáles serán los siguientes pasos, si es que los hay, mientras se acerca el 1.º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

El 11 de abril, un comunicado de prensa de 138 páginas del FMI confirmó el acuerdo a cuatro años, que ya había sido aprobado previamente por la legislatura nacional. El comunicado elogió el “sólido historial” de Milei y declaró que el nuevo acuerdo permitirá “fomentar la productividad, la competitividad y el crecimiento” (es decir, aumento de la explotación laboral, recortes salariales y ganancias empresariales):

El programa apoyado por el FMI busca consolidar los impresionantes avances iniciales de los recientes esfuerzos de política —basados en un fuerte ajuste fiscal y monetario y esfuerzos de desregulación— mientras aborda las vulnerabilidades macroeconómicas remanentes de Argentina.

Tal como expresó Milei en su discurso de febrero ante la legislatura, el comunicado de prensa del FMI considera que el empobrecimiento del proletariado, el desempleo masivo y la eliminación de derechos sociales son pasos necesarios para la economía.

Según una encuesta reciente publicada por el sitio de noticias elDiarioAR, más del 60 por ciento de los argentinos se opone al acuerdo con el FMI y solo un 10 por ciento lo aprueba plenamente.

Durante la huelga del 10 de abril, el portavoz presidencial de Milei denunció a los burócratas sindicales por desplazarse en autos importados “como oligarcas”, mientras los trabajadores se ven obligados a utilizar el transporte público.

La realidad es que, para poder imponer su programa de ataques contra los derechos y condiciones laborales, el gobierno de Milei y el FMI dependen de los servicios que les brindan la CGT peroista y ambas CTAs.

Traicionando a la clase trabajadora, a los jubilados y a los estudiantes, la burocracia sindical y sus apologistas en la pseudoizquierda utilizan estas huelgas de protesta para liberar presión social y canalizar la oposición hacia el callejón sin salida de la política capitalista y las negociaciones con Milei, con las que los burócratas solo buscan asegurar su propio acceso a privilegios y cargos.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 14 de abril de 2025)