El jueves 7 de marzo, la policía mató a tiros a Yanqui Khotan Gómez Peralta, un estudiante de la escuela normal rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero en el sur de México. Esta es la misma institución a la cual asistían los 43 normalistas asesinados en el infame caso de septiembre de 2014. Dos otros estudiantes fueron arrestados y torturados.

El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que la policía había mentido acerca de que los estudiantes habían disparado primero, señalando que había habido un “abuso de autoridad”. A continuación, pidió al agente implicado que se entregara, explicando que había escapado con la ayuda de las autoridades locales.

La gobernadora guerrerense Evelyn Salgado pertenece al partido Morena de AMLO y secundó las declaraciones del presidente sobre el incidente.

El miércoles por la noche, dos de los tres oficiales presuntamente implicados se entregaron, pero el que al parecer disparó el arma sigue prófugo.

López Obrador y Salgado se han dedicado a controlar los daños, intentando ocultar su propia responsabilidad y cualquier detalle explosivo. Sin duda, el Gobierno teme que el incidente provoque nuevas protestas masivas antes del décimo aniversario de la desaparición de los 43.

Ya han estallado protestas en Guerrero, con estudiantes quemando patrullas, invadiendo la Fiscalía estatal en la capital Chilpancingo y colocando barricadas en las carreteras. Los familiares y los compañeros de la víctima han exigido la detención de los responsables y la dimisión de Salgado.

Según los informes disponibles resumidos por La Jornada, la noche del tiroteo tres estudiantes se detuvieron en Chilpancingo en una tienda cuando se dirigían a recoger a más normalistas en camino a la celebración del 98º aniversario de su escuela normal. Varios policías estatales los abordaron en motocicletas, desenfundaron sus armas, gritaron órdenes y luego al menos uno disparó.

Gómez Peralta, originario de la cuidad de Tixtla, cerca de Ayotzinapa, recibió un disparo en la cabeza, lo que sugiere una intención deliberada de matarlo. El segundo estudiante, Osiel Faustino Jimón Dircio, fue detenido y golpeado, mientras que un tercero, apodado Arenita , intentó huir, pero fue detenido más tarde por un soldado y entregado a la policía, que lo golpeó durante dos horas. Osiel y Arenita fueron llevados a un lugar oscuro y se les ordenó que no le contaran a nadie el trato que recibieron.

Los policías plantaron una pistola, municiones, bolsitas con una “sustancia cristalina” y latas de cerveza. Su informe inicial afirmaba que el coche había sido denunciado como robado y que los estudiantes dispararon primero, pero se ha establecido que esto es falso.

Según el periodista de L a Jornada, Luis Hernández Navarro Hernández, Gómez Peralta cursaba el cuarto semestre para ser maestro de primaria. Era promotor de la danza tradicional de “Los Tlacoloreros”, le gustaba montar a caballo y corría para un club local. En su página de Facebook hay publicaciones que indican que participaba en manifestaciones.

En el funeral, su madre Lilia Vianey Gómez dijo poderosamente: “Hay que seguir luchando para que todo esto acabe y ustedes tengan cosas mejores. No hay que dejarnos, tampoco hay que vendernos. El gobierno siempre va a hablar con sus mentiras. Los policías siempre se van a vender, porque son iguales que el gobierno. Por eso ahora soy una más de los 43”.

Incluso 10 años después, no ha habido un recuento completo de lo que llevó a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En 2014 y la semana pasada, los funcionarios hasta los más altos niveles buscaron instintivamente encubrir a los culpables y las causas subyacentes de sus crímenes.

Algunos comentaristas han señalado los vínculos de la policía y el ejército con el crimen organizado como un factor probable, ya que los 43 normalistas fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos en una operación en la que participó un cartel, la policía y el ejército.

La circunstancia más llamativa del último ataque es que se produjo un día después de que un grupo de normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 realizaran una protesta en la que derribaron una puerta del Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador daba su rueda de prensa.

Imagen Noticias ha confirmado en vídeo y a través de familiares que Gómez Peralta se encontraba entre los estudiantes que derribaron la puerta del edificio presidencial solo 35 horas antes de ser abatido. Los manifestantes denunciaban el encubrimiento por parte del Gobierno del papel de los militares en la masacre de 2014.

El presidente respondió a esta protesta calificándola de “provocación” y una “guerra sucia” contra su Gobierno, afirmando que las organizaciones que la impulsan están patrocinadas por Gobiernos extranjeros. Su candidata a la presidencia para las elecciones de este año, Claudia Sheinbaum, se hizo eco de sus declaraciones.

Mientras AMLO dijo que no habría represalias contra los manifestantes en la Ciudad de México, el World Socialist Web Site advirtió en un artículo publicado la noche del tiroteo en Guerrero, que “sus declaraciones y las de Sheinbaum preparan el terreno para tal represión”.

La respuesta del mandatario fácilmente pudo haber sido interpretada como el inicio de una persecución contra los estudiantes, y el ataque del jueves sirve en parte para aterrorizar a los estudiantes, padres y simpatizantes que planean protestas para el décimo aniversario de los acontecimientos de 2014.

Se trata del undécimo asesinato de un estudiante de la normal de Ayotzinapa en los últimos años, fuera de los 43. Esto ha incluido a víctimas de municiones reales empleadas por la policía contra bloqueos de calle.

La clase gobernante ha considerado las escuelas normales rurales en general como asideros de la política de izquierda por mucho tiempo. En la actualidad, los estudiantes están organizados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), fundada en 1935 por miembros del Partido Comunista Mexicano (PCM), una organización estalinista. Apenas un año después de su fundación, la organización respaldó la alianza del Frente Popular Mexicano con el Gobierno nacionalista burgués del presidente Lázaro Cárdenas, que reconoció oficialmente a la FECSM como representante de los estudiantes.

La FECSM fue posteriormente vinculada con el desarrollo de las guerrillas guevaristas en la década de 1960 y sus miembros fueron blanco de las verdaderas “guerras sucias”, en las cuales el Estado asesinaba a activistas de izquierda y que alcanzaron su clímax en los años posteriores a la masacre de Tlatelolco en 1968, en Ciudad de México, cuando los militares asesinaron a cientos de estudiantes.

Tales condiciones represivas en las escuelas llevaron a una breve disolución de la FECSM, pero se reconstituyó en 1972. Para muchos dirigentes, ha servido como puerta de entrada a la política local e incluso nacional, incluso dentro del partido Morena de AMLO.

La sección de la FECSM en Ayotzinapa ha sido un blanco particular de la clase dominante. Lleva a cabo protestas y bloqueos casi todos los años para exigir becas, plazas y fondos adecuados, y fue muy activa en las protestas de 2014 contra el Pacto por México, un conjunto de medidas destinadas a preparar privatizaciones y recortes sociales.

Los documentos militares filtrados por el grupo Guacamaya revelaron que el ejército espiaba a voceros de los padres de las víctimas de Ayotzinapa, así como a defensores de derechos humanos y políticos relacionados. Según las filtraciones, este espionaje, que incluía escuchas telefónicas, continuó bajo el Gobierno de AMLO al menos hasta 2022.

Si bien el poder cambió de manos al partido pseudoizquierdista Morena –del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que gobernaba Guerrero y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernaba a nivel nacional en 2014—, el papel que desempeñan los militares y la policía no ha cambiado.

López Obrador ha dicho a menudo que las ejecuciones extrajudiciales eran la política del ejército y la policía antes de su Gobierno. Sus predecesores tenían la idea de “matarlos en caliente, torturarlos y masacrarlos”, dijo el año pasado, pero su Gobierno optó por “atender a los jóvenes y fortalecer los valores”.

La última matanza confirma el siguiente concepto fundamental del marxismo: bajo el capitalismo, independientemente del partido en el poder, el Estado cumple el papel de imponer el dominio de clase, aplastando violentamente la oposición a los dictados de la burguesía nacional y el imperialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de marzo de 2024)