El mortal incendio en Marshalltown, Johannesburgo, es un horrendo crimen social causado por las condiciones deplorables que enfrentan miles de millones en todo el mundo. Se ha confirmado la muerte de 74 personas, incluyendo 12 niños y bebés de hasta un año. Los residentes que sobrevivientes del infierno dicen que muchos de los fallecidos quedaron atrapados por un portón de hierro cerrado, mientras que otros murieron saltando para escapar las llamas.

El New York Times entrevistó a sobrevivientes del incendio y escribió: “Los residentes y funcionarios de la ciudad describieron un edificio que era una trampa de fuego. No había salidas de emergencia en caso de incendios ni rociadores de agua. Los cuartos estaban subdivididos con cartón y sábanas, y algunos residentes vivían en chozas de hojalata construidas dentro del edificio en un espacio abierto del primer piso”.

El edificio presuntamente estaba controlado por pandillas y el agua y la electricidad eran suministradas “mediante conexiones ilegales”. Un trabajador de 26 años le dijo al Times que pagaba $32 al mes en renta de un salario de $107 para vivir en el edificio. Los residentes consistían en gran medida de migrantes de las zonas rurales de Sudáfrica y el empobrecido país de Malawi, mientras que otros provenían de Zimbabue y Tanzania.

Con el fin del régimen racista de apartheid en 1994, el Congreso Nacional Africano (CNA) llegó al poder prometiendo resolver la antigua crisis de vivienda del país. Nelson Mandela declaró el derecho a una vivienda como “una promesa inquebrantable”.

La promesa ha sido incumplida. En la actualidad, el Gobierno estima que 12,5 millones de personas carecen de viviendas adecuadas y posiblemente es una enorme subestimación. Una encuesta del Gobierno en 2017 descubrió que casi el 15 por ciento del país y el 20 por ciento de los residentes de la provincia de Gauteng (donde se ubica Johannesburgo) viven en viviendas informales como las construidas con láminas de cinc y apoyados con tablas que predominan en los 2.700 barrios marginales del país.

El Centro para la Financiación de Vivienda Asequible en África dijo en un informe de 2019 que la iniciativa de vivienda pública del CNA “es claramente insuficiente para satisfacer la demanda”. El resultado de 30 años de Gobierno del CNA se personifica en el hecho de que el presidente Cyril Ramaphosa tiene un patrimonio de 500 millones de dólares, mientras que el Gobierno del CNA mantiene condiciones como las que prevalecen en Marshalltown.

Las condiciones que dan lugar a tales desastres y la indiferencia de los funcionarios son fundamentalmente las mismas en los centros imperialistas del mundo, que han saqueado los vastos recursos naturales de África durante siglos. En junio de 2017, 72 personas murieron en el incendio de la Torre Grenfell porque el Gobierno británico permitió que se construyeran edificios de apartamentos en Londres con revestimientos baratos e inflamables que los reguladores sabían que eran peligrosos. En junio de 2021, 98 personas murieron cuando el condominio Surfside se derrumbó en un suburbio de Miami, Florida, como resultado de medidas para reducir costes y la falta de normas de construcción.

En cada caso, la criminal pérdida de vidas pudo haberse evitado si las autoridades hubieran dirigido la más mínima atención o recursos a las necesidades más básicas de la población mundial. La responsabilidad última de tales incidentes mortales recae en una clase dirigente parasitaria que está estrangulando a la sociedad y bloqueando el desarrollo de la raza humana.

¿Cuántos de los cientos de miles de personas que murieron en los terremotos de Turquía y Siria este mes de febrero habrían podido salvarse si las autoridades hubieran asignado los recursos necesarios para garantizar que los edificios construidos sobre fallas tectónicas fueran seguros? ¿Cuántos de los 115 muertos en los incendios que arrasaron Maui en agosto podrían haber escapado si las autoridades se hubieran molestado en poner en pie un sistema de alerta adecuado? Solo este año, los accidentes de tren en Grecia e India han causado la muerte de 57 y 300 personas, respectivamente, debido a los recortes en infraestructuras públicas exigidos por los bancos y las empresas.

El ejemplo más asombroso de la indiferencia de la clase dominante ante la pérdida de vidas humanas es la pandemia de coronavirus, que los Gobiernos han dejado que se propague libremente en lugar de aplicar restricciones sanitarias ya que podrían afectar las ganancias de las empresas. Como resultado, la pandemia ha causado un exceso de mortalidad de más de 20 millones y nuevas variantes siguen propagándose por todo el mundo.

Esto plantea la necesidad urgente de tomar el control de la riqueza de la sociedad y dirigirla inmediatamente hacia las necesidades humanas. La sociedad ya no puede costear a los ricos. Poco más de 250 milmillonarios tienen más riqueza que los 1.000 millones de personas más pobres. Solo en 2021, el 1 por ciento más rico de los estadounidenses obtuvo 6,5 billones de dólares más de lo que ya tenía, más que suficiente para proporcionar a toda la población mundial acceso a una vivienda adecuada, alimentos, atención sanitaria y educación.

La marcha de la muerte que preside el capitalismo debe detenerse en seco. Las grandes industrias y los bancos deben ser expropiados y puestos bajo el control democrático de la clase obrera, para que sean gestionados en función de las necesidades humanas y no el lucro privado. Las bóvedas de los ricos deben abrirse y los billones acaparados deben utilizarse para fines públicos. Las inmensas capacidades tecnológicas de la humanidad deben aprovecharse, no para la guerra y la acumulación de ganancias, sino para proporcionar servicios e información críticos a la clase trabajadora mundial, para facilitar la migración segura y libre de los pueblos en función de sus necesidades y para revertir el impacto del cambio climático.

Poner los recursos del mundo a disposición de la población es una necesidad urgente. Un informe de Oxfam de enero de 2022 titulado “La desigualdad mata” intentaba cuantificar el número de personas que mueren cada año debido a la desigualdad de ingresos y riqueza. El informe concluía: “Cada día la desigualdad contribuye a la muerte de al menos 21.000 personas. Eso es una persona cada cuatro segundos”. Esto, según Oxfam, era una “estimación conservadora”.

La verdadera magnitud es insondable. Cada año, a pesar de los avances tecnológicos del siglo XXI, mueren 5,6 millones de personas por falta de atención sanitaria. Más de 2 millones mueren cada año de hambre, y esta cifra aumentará drásticamente como consecuencia de la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, que ha disparado los precios de los alimentos y amenaza al mundo con una catástrofe nuclear. Oxfam calcula que en 2030 morirán 230.000 personas más al año debido a olas de calor, inundaciones y tormentas intensificadas por el cambio climático.

En todo el mundo se han desarrollado huelgas y protestas contra la desigualdad a medida que crece la oposición a las intolerables condiciones a las que se enfrentan los trabajadores. Desde la Primavera Árabe hasta la ola de protestas masivas de 2019-2021, la clase trabajadora mundial ha demostrado una y otra vez su voluntad de sacrificio para luchar por la igualdad. La gran lista de países con la mayor cantidad de protestas masivas en el último año da una idea de la unidad internacional objetiva de la clase obrera. Ante la inflación desenfrenada y el aumento del coste de la vida, las masas de trabajadores se ven empujadas a la lucha.

Lo que hace falta es una dirección revolucionaria. La clase obrera debe tomar conciencia de su inmenso poder revolucionario. La conquista de la cabina de mando de la economía mundial y la expropiación de los expropiadores requieren más que simple militancia, exigen una lucha política, la lucha por el socialismo. Tal movimiento, armado con las lecciones del pasado y unido a través de las razas y las nacionalidades, puede librar los recursos de la sociedad, abolir la pobreza y la necesidad y dar inicio a un nuevo periodo de la historia humana.

(Publicado originalmente en inglés el 1 de septiembre de 2023)